
La nueva Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada el pasado 19 de diciembre por el Parlamento, se ha publicado el 03 de enero en el BOE. Supone un gran cambio para el sistema judicial español.
Esta ley introduce reformas estructurales y procesales que tienen como objetivo de modernizar la justicia, alineándose con los compromisos asumidos por España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La ley busca convertirse en un eje transformador en la manera en que los ciudadanos acceden y perciben la justicia.
Entre los puntos más destacados se encuentra la promoción de los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) y, en particular, la mediación, que se posicionan como pilares fundamentales de esta transformación.
¿Qué son los MASC y por qué son importantes?
Los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC), como la mediación, el arbitraje y la conciliación, se presentan como alternativas al litigio judicial. Su propósito es claro: resolver conflictos de manera más rápida, económica y sostenible. La mediación destaca como una herramienta clave al ofrecer un proceso confidencial y colaborativo que preserva las relaciones entre las partes.
Beneficios de los MASC según la nueva ley:
- Resolución más rápida que los juicios tradicionales.
- Menor coste económico y emocional.
- Soluciones personalizadas y confidenciales.
- Mantenimiento de relaciones en disputas familiares o comerciales.
Objetivos de los MASC
La nueva Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia apuesta por los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) como una alternativa clave al litigio judicial. Su implementación persigue objetivos claros que transformarán el acceso a la justicia.
1. Reducir la litigiosidad
Los MASC alivian la carga de los tribunales, permitiendo que los conflictos se resuelvan fuera de los juzgados de forma más ágil y efectiva.
2. Acceso universal a la justicia
A través de herramientas como las Oficinas de Justicia en los Municipios, los ciudadanos, incluso en zonas rurales, pueden resolver sus disputas de manera cercana y eficiente.
3. Fomentar el diálogo
Promueven soluciones consensuadas y colaborativas, ideales para conflictos familiares, laborales y comunitarios donde preservar relaciones es fundamental.
4. Fortalecer la confianza ciudadana
Ofreciendo soluciones rápidas y adaptadas, los MASC mejoran la percepción pública del sistema judicial como un servicio moderno y accesible.
Ámbitos de aplicación de los MASC
La Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia amplía significativamente los contextos donde los MASC y la mediación pueden aplicarse:
- civil y mercantil: resolución de disputas contractuales, conflictos societarios y transacciones comerciales.
- laboral: conciliación en problemas entre empleados y empleadores, evitando la judicialización.
- familiar: mediación en temas como divorcios, custodia, pensiones y régimen de visitas.
- administrativo: solución de controversias entre ciudadanos y administraciones públicas, fomentando la transparencia y la colaboración.
- comunitario: mediación en disputas vecinales, problemas de convivencia y conflictos relacionados con la propiedad horizontal.
Incorporación de los MASC a través de las Oficinas de Justicia
Una de las iniciativas clave de esta reforma es la creación de las Oficinas de Justicia en los Municipios. Estas oficinas tienen como misión principal acercar los servicios judiciales y extrajudiciales a la ciudadanía, especialmente en zonas rurales.
Estas oficinas actuarán como centros de coordinación entre administraciones públicas y profesionales, facilitando la resolución eficiente de conflictos y promoviendo una cultura de resolución pacífica.
Mediación: ¿Un pilar fundamental de la Ley?
La mediación se presenta como uno de los pilares clave en la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, diseñada para fomentar el diálogo y descongestionar los tribunales. Sin embargo, la redacción del artículo 5, relativo al requisito de procedibilidad, ha generado dudas sobre la efectividad real de esta medida.
El artículo permite cumplir este requisito mediante diversas vías, como mediación, conciliación, opinión de expertos neutrales o negociaciones directas entre las partes o sus abogados. Aunque esta flexibilidad parece positiva, también plantea riesgos que pueden afectar al impacto transformador de la mediación.
En cuanto a las preocupaciones sobre la implementación destacamos:
- Ausencia de un tercero neutral:
La negociación directa, sin la supervisión de un mediador con formación especializada, podría no garantizar un diálogo genuino y constructivo entre las partes. - Desincentivo para usar mecanismos regulados:
Al equiparar la mediación con negociaciones no supervisadas, se podría restar valor a un proceso que promueve acuerdos colaborativos y sostenibles. - Riesgo de formalismo:
La negociación directa corre el riesgo de convertirse en un mero trámite para cumplir el requisito y avanzar al litigio, sin explorar soluciones reales al conflicto.
La mediación está diseñada para promover un diálogo estructurado y equilibrado que beneficie a ambas partes. Sin embargo, si no se prioriza el uso de terceros neutrales y formados, su potencial para transformar conflictos en oportunidades de entendimiento podría verse reducido.
Efectos de la Apertura del Proceso de Negociación y su Terminación sin Acuerdo
El artículo 7 de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia establece cómo la apertura de un proceso de negociación mediante los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) afecta los plazos de prescripción y caducidad en distintas situaciones. Esta regulación busca garantizar un marco claro y estructurado para la resolución extrajudicial de disputas.
Interrupción de plazos en la negociación
La solicitud de negociación interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de las acciones desde el momento en que se comunica a la otra parte. Esto puede realizarse:
- En su domicilio o lugar de trabajo.
- A través de un medio electrónico previamente utilizado entre las partes.
Si no hay respuesta en un plazo de 30 días o no se celebra una primera reunión, los plazos se reinician.
Reglas específicas para terceros neutrales
Cuando intervienen terceros neutrales, se aplican normas específicas:
- Mediación: Sigue las disposiciones del artículo 4 de la Ley 5/2012.
- Conciliación: La interrupción ocurre al recibir la solicitud, pero si no se intenta una comunicación en 15 días o no se celebra la primera reunión, los plazos se reanudan.
- Experto independiente: La interrupción comienza con la designación del experto y se extiende hasta la aceptación del acuerdo o la emisión de la certificación final.
- Letrados, notarios o registradores: Se aplica la Ley de Jurisdicción Voluntaria para regular la suspensión de plazos.
Finalización sin acuerdo
Si el proceso de negociación termina sin acuerdo, las partes disponen de un plazo de un año para presentar una demanda. En casos donde existan medidas cautelares, estas deben ser ratificadas por el tribunal correspondiente en un plazo de 20 días tras el cierre del proceso.
Efectos procesales
Los tribunales evaluarán la colaboración de las partes durante la negociación al decidir sobre costas procesales, multas o sanciones.
Esto busca evitar abusos del sistema judicial y fomentar una actitud constructiva durante las negociaciones.
Tribunales de Instancia: Unificación y eficiencia
La ley reemplaza los juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia, que unificarán recursos y criterios procesales. Esto reducirá la carga de trabajo de los juzgados, asegurando respuestas judiciales más rápidas y homogéneas.
Además, las nuevas Oficinas de Justicia en los municipios acercarán servicios judiciales a zonas rurales, permitiendo realizar trámites de manera telemática y reduciendo desplazamientos.
Protección de los Consumidores y Usuarios
La ley también refuerza los derechos de los consumidores mediante un procedimiento único para demandas colectivas. Esto incluye:
- Acciones de cesación: Para interrumpir conductas perjudiciales.
- Acciones resarcitorias: Que vinculan automáticamente a los afectados, salvo que se desvinculen.
- Uso de plataformas electrónicas para agilizar procesos.
- Un sistema público de difusión a través del Registro de Acciones Colectivas.
Conclusión: Hacia una Justicia más eficiente
La Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia pretende marcar un avance trascendental hacia un sistema judicial más accesible, moderno y centrado en la resolución pacífica de conflictos. A través de la mediación y los MASC, España da un paso hacia una justicia adaptada a las demandas del siglo XXI, ofreciendo a la ciudadanía una experiencia más eficiente y cercana.